Consumir agua contaminada
Habitantes de comunidades serranas pertenecientes a los municipios de Guachochi y Morelos, consumen agua contaminada presuntamente por las descargas residuales, poniendo en riesgo su salud y el derecho humano al agua potable.
La contaminación en el río San Miguel-río Verde, obedece, según declaraciones del alcalde José Miguel Yáñez Ronquillo, a que desde la cabecera municipal de Guachochi se vierten aguas residuales en dicho cuerpo de agua, debido a que no se cuenta con una planta tratadora.
El análisis de las muestras del líquido, realizado por la UACH, arrojó que la contaminación es por lo menos diez veces superior a los estándares aceptables para el consumo humano. A pesar de ello, las autoridades de los diferentes niveles de gobierno prácticamente han hecho caso omiso de la situación, bajo el argumento de la “competencia o no” del tema.
Mientras las instancias federales –SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA- guardan silencio, el estado aduce no tener injerencia debido a que los cuerpos de agua competen a la federación. Al no existir un corredor industrial en la región, señala, se descarta que sea por emanación de químicos por lo que son las dependencias antes mencionadas, las encargadas de determinar la situación y dictar las medidas pertinentes. La Unidad Estatal de Protección Civil, indica, solo es un ente colaborador.
Sin embargo, ante la confirmación del alcalde Yáñez respecto a la descarga de aguas negras desde la mancha urbana de Guachochi por la inexistencia de una planta tratadora, la Junta Central de Agua y Saneamiento tendría que operar en busca de una solución a mediano y largo plazo. Hasta el momento también ha guardado silencio.
Apenas en días pasados, vecinos de la comunidad de Santa Ana aledaña a las márgenes del río- reportaron la mortandad de flora y fauna y denunciaron la falta de respuesta ante lo que significa un riesgo inminente para el ecosistema y la vida en general.
El viernes 8 de abril, la diputada Isela Martínez Díaz hizo un llamado a las autoridades ambientales para atender el caso, expresando su preocupación por los efectos de las sustancias tóxicas vertidas en el río que atraviesa los municipios de Guadalupe y Calvo, Balleza, Guachochi, Morelos, Batopilas y Urique, además del riesgo de que dicha contaminación se extendiera a la presa Huites, ubicada en Sinaloa.
A ese momento, dijo, eran varias las comunidades que solicitaban apoyo con suministros de agua potable y reportaban el envenenamiento de animales de ganado y la fauna silvestre. En días previos otros legisladores sobrevolaron el lugar y dieron fe de lo que ocurría.
Por su parte, la Presidencia municipal de Morelos denunció que ninguna autoridad ni federal, ni estatal les había brindado apoyo para determinar el motivo de la contaminación del río y tomar las medidas correspondientes.
A través del comunicado 7-04-22, publicado en sus redes sociales el municipio de Morelos, manifestó “a más de una semana de estar insistiendo, no hemos recibido ninguna respuesta o apoyo por parte de las dependencias federales y estatales COFEPRIS, PROTECCIÓN CIVIL, PROFEPA, CONAGUA, su respuesta es apática solo dicen “que no les corresponde a ellos”.
En agosto de 2021, el gobierno de Javier Corral aseguró que se había puesto en marcha una planta tratadora en Guachochi, sin embargo, hoy se sabe, por el mandatario de ese municipio, que la contaminación es por la descarga directa de aguas negras, lo que significa que los “logros con valor” publicitados al final de la administración corralista, no fueron tales.
También llama la atención que se tardaron más de diez días en hacer dicho señalamiento además de que, en un principio se hablaba de la posible presencia de químicos. La diferencia entre uno y otro elemento, es abismal.
