Desplazarse o morir
Redacción Escribana
El desplazamiento forzado es una realidad cruda que afecta a miles de ciudadanos que se ven obligados a dejar su casa, patrimonio, lugar de origen y en ocasiones perder a la familia. De no hacerlo, corren el riesgo de perder la vida.
En Chihuahua la situación se ha vuelto cotidiana y tan solo durante el mes de octubre de 2021, según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos -CMDPDH- al menos 20 personas de la localidad Rincón de Alisos, en el municipio de Guadalupe y Calvo, tuvieron que desplazarse con el apoyo de fuerzas de seguridad pública tras la incursión armada de un grupo criminal.
En el ámbito local nada se dice de ellos.
En ese mismo lapso, habitantes del ejido El Porvenir, en el municipio de Praxedis G. Guerrero, reportaron la llegada de varias personas —en su mayoría adultos/as mayores— que se han visto obligadas a desplazarse de sus rancherías en la zona conocida como Valle Bajo, entre los municipios de Guadalupe y Ojinaga, debido a la actividad de grupos criminales que buscan utilizar sus propiedades para el tráfico de personas.
Tampoco de ellos se sabe nada.
El diputado local Benjamín Carrera presentó un proyecto de decreto para reformar el Código Penal del Estado para tipificar el desplazamiento interno forzado como un delito y sancionar “a quien a través de la violencia generalizada o de la generación de un conflicto armado, mediante cualquier tipo de acto ilícito provoque de manera forzada el desplazamiento de persona alguna que implique el abandonar, escapar o huir de su lugar de residencia habitual”.
Sin embargo, Chihuahua no es el único sitio donde los grupos criminales arrebatan a la gente su espacio y su forma de vida con el único objetivo de apropiarse de la tierra para delinquir. Dentro de los episodios que la CMDPDH registró en octubre, también se incluye a los estados de Chiapas y Oaxaca, Michoacán, Puebla, Tamaulipas y Zacatecas.
Según la citada organización, en Chiapas, familias base de apoyo del EZLN de la comunidad autónoma de Moisés y Gandhi (Nuevo San Gregorio), en Ocosingo, fueron desplazadas tras sufrir un ataque armado de un grupo de corte paramilitar. Durante el ataque, los perpetradores prendieron fuego a tres aulas de la escuela secundaria autónoma de la comunidad. No se reportó información específica sobre el número de familias o personas desplazadas.
En Oaxaca, alrededor de 390 personas de las localidades mixtecas de Ndoyonoyuji, Guerrero Grande y Mier y Terán, en el municipio de San Esteban Atatlahuca, tuvieron que abandonar sus casas tras tres días de continuos ataques de un grupo armado. Autoridades locales y personas desplazadas han reportado que durante los ataques personas desaparecieron, cinco fueron asesinadas y diversas casas fueron incendiadas. Algunas de las personas desplazadas, en particular personas mayores, mujeres, niñas y niños, se refugiaron en un albergue instalado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en el municipio de Tlaxiaco, mientras otras se encontraban en Mier y Terán.
Además, en Michoacán, de acuerdo con un párroco local, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, en un acto que revela el control que los grupos criminales ejercen en ciertas regiones del país, otorgó un “permiso» a los pobladores de varias localidades del municipio de Coalcomán para retornar a sus hogares. Alrededor de 200 familias que estaban desplazadas en la cabecera municipal habrían retornado a sus comunidades, pero constataron que muchas de las viviendas fueron saqueadas y están en malas condiciones. Pobladores de las localidades de La Aguacatera y La Limonera aún no contaban con dicho permiso.
El Congreso Estatal creó la Comisión Especial de Investigación y Combate a la Desaparición de Personas y los Desplazamientos Forzados en el Estado de Michoacán. La Comisión, que concluirá sus trabajos al finalizar la actual legislatura, tiene entre sus atribuciones atender a colectivos de la sociedad civil, trabajar de manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno, impulsar reformas legislativas, establecer prioridades y una agenda estatal, así como difundir, a través de un micrositio en la página del congreso del Estado, datos y estadísticas actualizadas.
En Puebla, durante una visita del Presidente al municipio de Huauchinango, personas afectadas por el huracán Grace, que azotó la Sierra Norte de Puebla y generó desplazamientos, denunciaron que miles de familias afectadas habrían quedado fuera del censo realizado por autoridades, de forma que no podrían acceder a los programas sociales correspondientes.
Al noreste del territorio nacional, en el estado de Tamaulipas, una primaria del municipio de Matamoros logró aceptar la inscripción de 37 niñas y niños en situación de movilidad —12 procedentes de países de Centroamérica y las/os demás desplazados de estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero por la inseguridad— que, por su condición particular, no contaban con toda la documentación necesaria.
Por otra parte, en Zacatecas, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado señaló la importancia de que el Plan estatal de desarrollo incluyera un enfoque de derechos humanos, así como programas y acciones para la atención integral a víctimas, entre ellas las personas desplazadas internamente por motivos relacionados con la inseguridad.
Autoridades municipales de Jerez reportaron el retorno paulatino del 70 por ciento de las personas desplazadas de la comunidad de Ermita de los Correa en septiembre debido a enfrentamientos y la violencia generada por grupos criminales. Con relación a quienes no han retornado, se informó que la mayoría permanece en la cabecera municipal, mientras que algunas personas se han ido a otras zonas del estado e incluso a los Estados Unidos.
En cuanto a las causas del desplazamiento interno, según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, prácticamente el 100 por ciento de los afectados huye por la violencia mientras que un porcentaje mínimo lo hace a causa de los desastres naturales.
Según la CNDH, la delincuencia abarca el 90 por ciento de las víctimas. La extorsión, las amenazas, la destrucción de casa habitación, asesinato y secuestro, son las principales manifestaciones de violencia de las que señalaron haber sido víctimas personas desplazadas o sus conocidos que se desplazaron.
