Las campanas no doblaron por los desaparecidos…las voces guardaron silencio
Escribana
En octubre de 2019, cuando Javier Muñoz Pérez, Juan Antonio Martínez Parra y Rubén Flores Cisneros, desaparecieron en Cerocahui, el Vaticano, la comunidad internacional, el Presidente de la República y las organizaciones civiles, guardaron silencio.
Los rezos y las demandas de justicia no se hicieron por ellos. Las campanas no se escucharon y las voces jesuitas asentadas en ese mismo sitio, callaron. Nadie dijo ni exigió nada.
Ellos no pertenecían al ámbito religioso, tampoco eran empresarios a gran escala ni personajes millonarios. Solo vendían cobijas para ganarse la vida, pero eso no importó porque también fueron víctimas de la delincuencia organizada que los privó de la libertad, en el lugar donde el pasado 20 de junio asesinaron a los dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas.
Javier, Juan Antonio y Rubén llegaron de Zacatecas para hacer un recorrido de venta de cobertores en el estado, incluyendo la región serrana. No imaginaron que emprendían un viaje que a la fecha, no ha tenido retorno.
Según el reporte de desaparición que yace en la Fiscalía, los tres jóvenes salieron de Tepechitlán, Zacatecas el 17 de octubre de 2019 y llegaron a Chihuahua el 18 de ese mes. Conducían una camioneta Toyota Pick up color verde cabina y media con camper color plata modelo 1991 con número de serie JT4VN93D0M5018095 y placas del Estado de Zacatecas ZA3308A.
La información establecida en el reporte con número de caso 65 2019 0000069, indica que la última vez que se tuvo comunicación con ellos fue el 31 de octubre en el poblado de San Rafael, municipio de Urique, a donde llegaron a vender cobijas y blancos, actividad que realizaban desde dos años atrás en la sierra de Chihuahua y Durango.
La denuncia por la desaparición se realizó primero ante la Fiscalía del Estado de Zacatecas el 09 de noviembre de 2019 y 5 días después, el 14 de noviembre del mismo año, fue ratificada ante el fiscal Francisco González Arredondo en la Fiscalía de Chihuahua con el número de caso antes referido.
El documento señala que por información de redes sociales, proporcionada por clientes del desaparecido Javier Muñoz, se supo que dejó un remolque tipo traila en el hotel Rayenali de San Rafael. Mientras que previo análisis de las líneas telefónicas, que llevó a cabo la Fiscalía de Chihuahua, se ubicó la última comunicación del celular de Javier en el Cañón de Urique a las 00:15 minutos del 1 de noviembre. De igual forma, se indica que en la comunidad de Bahuichivo –cercana a San Rafael- estuvieron desayunando en el hotel propiedad de una mujer de nombre Velia.
Allí fue la última vez que se les vio. Allí quedó el último rastro de ellos.
Hoy, sus familiares piden que la búsqueda se retome porque, como ocurre con decenas de casos distintos, la carpeta de investigación duerme el sueño de los justos en algún archivo lejano y oscuro de la fiscalía que ahora, ante el asesinato de los sacerdotes, intenta dar una respuesta pronta.
Según el testimonio de las familias, durante la administración de Javier Corral, la Fiscalía General del Estado les confirmó que la desaparición de sus hijos y hermanos estaba relacionada con José Noriel Portillo, El Chueco, personaje al que hoy se busca por el homicidio de los religiosos pero que, en aquel momento no fue objeto de indagatoria ni operativo alguno.
La privación de la libertad de los comerciantes tuvo lugar en Cerocahui, el mismo sitio donde este domingo se enterrarán los restos de los sacerdotes jesuitas y que a decir de pobladores de la región y de la propia autoridad, forma parte de los puntos donde El Chueco ha desplegado su poderío.
De acuerdo con los familiares, los hoy ausentes estaban hospedados en San Rafael pero fueron a cobrar unas notas a Bahuichivo y Cerocahui de donde nunca regresaron. La Fiscalía General del Estado lo supo y en su momento emitió una recompensa por 200 mil pesos a quien diera información sobre el paradero de las víctimas, pero de allí no pasó porque a pesar de que la instancia investigadora contaba con datos precisos, nunca hubo una búsqueda real.
Tras la desaparición, la familia de Rubén Flores recibió mensajes de texto desde un número desconocido, en el que se les indicaba que su hijo -de entonces 17 años de edad- y sus acompañantes habían sido captados para llevarlos a trabajar en un rancho ubicado en la comunidad de Monterde en Guazapares, municipio serrano con antecedentes de presencia de grupos del crimen organizado y desplazamiento forzado de habitantes generado por actores del narcotráfico.
Dichos mensajes indicaban también que el vehículo donde los hoy desaparecidos se transportaban, estaba “guardado” en una bodega hasta donde elementos de la Guardia Nacional y la Comisión Estatal de Seguridad Pública llegaban periódicamente a recoger un sobre presuntamente con dinero.
A pesar del paso del tiempo y la inacción oficial, la esperanza de que los jóvenes sigan con vida se mantiene. Cierto es que las posibilidades se alejan conforme el tiempo pasa, pero la pérdida de un hijo no es algo que se acepte fácilmente.
Las plegarias y el llanto que hoy se escuchan no existieron para los jóvenes; la justicia anhelada por las familias tampoco ha llegado.
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-Monterde, una comunidad con menos de cien habitantes pero con antecedentes de violencia y desplazamiento forzado
La comunidad serrana de Monterde, ubicada en el municipio de Guazapares a 391 kilómetros de la ciudad de Chihuahua, tiene antecedentes de la presencia del crimen organizado como causante principal del desplazamiento forzado de personas.
En ese punto, donde se ubica el rancho al que presuntamente habrían llevado a Javier Muñoz Pérez, Juan Antonio Martínez Parra y Rubén Flores Cisneros, vivía Cruz Soto Caraveo quien huyó de Monterde una noche del año 2015 debido al secuestro, despojo y amenazas de muerte de las que fueron objeto él y su familia.
En enero de 2018, Cruz narró que en el 2015 tuvo que huir de noche junto con su familia prácticamente con lo que llevaban puesto ya que las únicas opciones que tenían era marcharse o morir.
Dijo que era propietario de un rancho en el que cultivaba manzana pero un buen día, miembros del crimen organizado llegaron y le dijeron que les rentara el lugar para sembrar droga. Él se negó pero los criminales le indicaron que tendría que irse porque de lo contrario lo matarían. Dijo que la presencia del crimen organizado en su comunidad tomó más fuerza en el 2015 y en 2018 seguía vigente, al igual que ocurría un año y medio después cuando Cruz desapareció.
“Se metió la violencia allí y sigue. Me quitaron el rancho para llenarlo de droga. Se comieron las gallinas, los marranos, la huerta está desapareciendo. Estos personajes cometen abusos libremente porque tienen poder para todo”, dijo.
El 13 de octubre de 2019, mientras buscaba recuperar lo perdido y volver a Monterde, fue levantado por un grupo de hombres armados en un camino que conduce de Témoris a Los Llanos. Cinco días después fue localizado sin vida.
A pesar de ser una comunidad con menos de cien habitantes, Monterde se coloca como un punto rojo en el mapa criminal de Chihuahua; allí estarían los jóvenes zacatecanos que siguen en calidad de desaparecidos.
Chihuahua, según el informe 2020 de Índice de “Paz México”, ocupa el 4º lugar entre los estados menos pacíficos del territorio nacional y tiene además una tasa de homicidios superior a 49 muertes por cada 100,000 habitantes, cifra que se considera extrema.
Durante los últimos años, también ha sido parte de las entidades con mayor deterioro en el tema de la paz con tasas homicidas cada vez más altas y una calificación de 3.97 que lo ubica en el lugar 29 a nivel nacional. Pero además, ha visto un deterioro en su calificación general año con año desde 2015, debido a lo cual descendió cuatro sitios para ubicarse como el cuarto estado menos pacífico en 2019. El retroceso de Chihuahua en el nivel de paz se explica por el incremento de su calificación en crímenes de la delincuencia organizada, que subió 47 por ciento. El estado registró aumentos considerables en las tasas de secuestro y trata de personas, y de delitos de narcomenudeo, de 165 por ciento y 153 por ciento, respectivamente.
Se cree que la violencia resurgió en Chihuahua a raíz de la presencia de grupos narcotraficantes como Los Zetas, el cártel de Sinaloa y La Línea, una facción del cártel de Juárez instalada en el estado. La violencia con armas de fuego se ha intensificado en el estado.
